LA VENTA DE LAS TIERRAS PÚBLICASY DE LOS YERBALES DEL ESTADO
Autor: CARLOS GÓMEZ FLORENTÍN
(Enlace a datos biográficos y obras
En la GALERÍA DE LETRAS del
www.portalguarani.com )
.
El origen del problema del crédito internacional del Paraguay puede rastrearse claramente a los empréstitos de 1871 y 1872. Si bien es cierto que probablemente existían otras alternativas para salir del impasse financiero, la imaginación del GOBIERNO DE CABALLERO, que venía principalmente de JOSÉ SEGUNDO DECOUD, no tuvo la creatividad necesaria para plantear otra salida. Para el gobierno de Caballero, la solución fue la venta masiva de tierras públicas y de los yerbales del país. Con los recursos producidos por esta acción, el gobierno pensaba cancelar la deuda pública, local e internacional, y obtener rubros para lanzar un plan de desarrollo sostenido.
La situación de las tierras del Paraguay había quedado en la oscuridad legal después de la Guerra del 70. La desorganización reinante en el régimen de tenencia de tierras fue un problema heredado por el gobierno de Caballero. La falta de documentación imposibilitaba la determinación clara de la propiedad de la tierra, que además pertenecía en su gran mayoría al estado. Aunque al principio esto no sería un problema mayor, dada la escasez poblacional resultante de la guerra, con el tiempo la situación se tornaría más compleja. La constitución de 1870 había consagrado la propiedad privada. Con esto, la falta de títulos presentaba un problema para afirmar los derechos consagrados por la constitución.
Los gobiernos de la postguerra hicieron sucesivos intentos por regularizar la situación legal en 1871 y 1872. Aunque una ley de 1872 habilitó a los ocupantes sin tierras a adquirir títulos sobre terrenos municipales en los cuales estuvieran trabajando, buena parte de las propiedades fueron a parar a manos de gente con vínculos políticos que nunca había trabajado la tierra. Otra ley de 1873 estableció un sistema de concesión de Títulos Supletorios a aquellos que, carecientes de títulos probatorios, pudieran demostrar la propiedad de tierras no reclamadas a través de testigos. La situación con esto empeoró puesto que se generó una ola de reclamos sobre propiedades basadas en la mera presentación de testigos cuyos testimonios en muchos casos eran contradictorios y no probaban derechos de propiedad de manera irrefutable.
En 1875 se creó la OFICINA DE TIERRAS PÚBLICAS con el objeto de ordenar el mercado inmobiliario. Poco después, el gobierno de JUAN BAUTISTA GILL subastó tierras públicas inaugurando la era de las ventas masivas de tierras del estado. Aunque el experimento se limitó a vender tierras públicas hasta recaudar seis millones de pesos, las consecuencias fueron las mismas que se repetirían bajo el plan de venta de tierras públicas de Caballero: masivo despojamiento de tierras a los campesinos y su consecuente expulsión del campo. La forma de pago establecía la posibilidad de abonar en oro o plata, o bonos del estado. La corrupción rampante produjo la masiva generación de bonos del estado, en algunos casos inclusive espurios, con lo cual los amigos del gobierno se apropiaron de buena parte de las tierras subastadas. El experimento de Gill había puesto en práctica otro mecanismo que iría a repetirse con Caballero.
La ley de subasta de tierras públicas de 1875 habilitaba a los ocupantes ilegales a comprar las propiedades que estaban explotando a pesar de que éstos estaban claramente imposibilitados de acceder a los fondos necesarios para pagar por ellas. La ley otorgaba una posibilidad legal al campesino aunque la misma estaba fuera del terreno de lo materialmente posible. Otra acción destinada a regularizar la situación legal de las tierras fue dada a consecuencia de la implementación del CÓDIGO CIVIL ARGENTINO EN 1877. Una de las regulaciones establecía que los campesinos ocupantes de tierras no reclamadas por un período de diez a treinta años podían establecer propiedad en base al uso. La ley terminó beneficiando a los grandes propietarios que aprovecharon el mecanismo legal para expandir sus propiedades sobre tierras no ocupadas. Al nivel de los micro-propietarios, la situación aumentó la conflictividad al detonar una ola de procesos judiciales entre pequeños propietarios que luchaban por probar sus derechos adquiridos sobre terrenos en disputa.
Fue con conocimiento de estos antecedentes que procedió el GOBIERNO DE CABALLERO al establecer su política de venta masiva de tierras públicas. La ley del 2 de octubre de 1883 puso un tope de ciento cincuenta mil pesos fuertes a la venta de tierras públicas. Los arrendatarios u ocupantes, tal como en el caso explicado previamente, tenían la primera opción de compra. Las tierras subastadas fueron clasificadas en tres tipos: primera, segunda, y tercera clase. La categorización de la tierra determinaba también tres precios diferentes: mil quinientos pesos la legua cuadrada para la primera, mil para la segunda, y ochocientos para la tercera. Las categorías se basaban en la densidad poblacional y en la existencia de praderas dentro de las tierras. Así, lugares como Luque, Villeta, o Guarambaré entre otros pertenecían a la primera clase; San Pedro del Paraná, San Juan Nepomuceno, o San Ignacio a la segunda; y todos los lugares no incluidos en las dos primeras clases, fundamentalmente correspondientes a la región occidental, a la tercera.
La primera clase incluía tierras con posibilidades de explotación agrícola o ganadera, mientras que las tierras de la segunda clase podían incluir también los yerbales del país. Además se establecían nuevos precios para el arrendamiento de tierras y se reglamentaba el proceso completo de adquisición y transferencia de las mismas. El corto plazo acordado para el pago por la adquisición de los terrenos y la drástica suba de los precios de arrendamiento, con incrementos de hasta el 500%, redujo considerablemente las chances del campesino paraguayo o paraguaya de obtener tierras. En su mayoría, las tierras terminaron adquiridas por sectores de la clase alta paraguaya, con participación igualmente importante de inversores con capital extranjero.
Los resultados no se hicieron esperar. Como escribió CARLOS PASTORE, con esto el latifundio se hizo presente en el país de la mano del capital internacional. En un plazo de tiempo relativamente breve, el capital extranjero fue absorbiendo los terrenos en manos de los terratenientes locales. Los productores de ganado extensivo se apropiaron de los terrenos de los ganaderos de mediano y pequeño porte. Los agricultores comenzaron el lento deambular hacia nuevos terrenos no explotados o todavía no adquiridos por los capitalistas locales y extranjeros.
Una nueva LEY DE JULIO DE 1884 anunciaba la segunda etapa del plan de venta de tierras públicas. Esta vez se hablaba ya de una campaña masiva de venta de tierras públicas sin paralelo en la historia del país. El descontento se expandió ante la brevedad de los plazos para adquirir las propiedades y el gobierno decretó una extensión de los mismos de manera a tranquilizar a amplios sectores del campesinado. La medida tomada el 31 de enero de 1885 sirvió para detener posibles alzamientos populares. El gobierno se aprovechó de la situación de aparente tranquilidad para redactar otro par de leyes relativas a la venta de tierras públicas. La primera, parcial y de menor magnitud, vio la luz el 28 de mayo de 1885. Por la misma los principales yerbales del país fueron subastados. Los precios establecidos fueron de 1,5 pesos, 1,25 pesos, y 1 peso por cuadra, para tres diferentes categorías establecidas en función a su distancia de las principales vías fluviales del país. Los precios por leguas variaron de un mínimo de 2500 pesos en la categoría tres a un máximo de 3750 para los de la categoría uno. Otra LEY DEL 16 DE JULIO DE 1885 puso literalmente el país al mejor postor.
La enajenación de las tierras públicas ahora contemplaba la totalidad de los terrenos del estado. En este caso, la categorización de tierras las dividía en cinco tipos agrupados en función a ubicación, densidad poblacional, y contenido de praderas. La clasificación de los grupos uno y dos seguía la categorización de la ley de 1883. En la primera estaban las mejores tierras y en la segunda estaban los terrenos cercanos a los bosques. Las tres últimas clasificaciones reformulaban la tercera clase de la ley de 1883, ahora comprendiendo la vastedad del territorio chaqueño. Ahora, la clase tres incluía a los terrenos del Chaco hasta Concepción, la clase cuatro a los terrenos del Chaco desde Concepción hasta la frontera norte, todavía no trazada con Bolivia, y la clase cinco incluía todos los terrenos del Chaco que estuviesen fuera de las clases tres y cuatro. Los precios establecidos en esta ley variaron con respecto a la ley anterior. Los campos del grupo uno costaban mil doscientos pesos la legua cuadrada; los del grupo dos ochocientos; los del grupo tres trescientos; los del cuatro doscientos; y finalmente, los del grupo cinco, cien pesos la legua cuadrada. Además, la forma de pago quedaba fijada en cuatro cuotas, la primera sería pagada en la entrega del terreno, y las tres restantes en cuotas anuales, a un interés del 6%. El endeudamiento por el saldo sería garantizado con un pagaré hipotecario.
Los precios del Chaco podían ser bajados hasta el 50% de su valor original si el comprador podía garantizar la inclusión de familias de colonos europeos en la explotación de sus terrenos. Igual que la ley de 1883, esta ley prohibía la venta de propiedades pequeñas de tamaño y condición ideales para explotaciones campesinas nacionales. Si la ley previa prohibió la venta de propiedades de menos de una legua cuadrada de extensión, la nueva ley bajó el mínimo a media legua cuadrada. Además la nueva ley encareció el costo de arrendamiento de las llamadas tierras de labor, una categoría independiente, al punto que al-quilar por un año equivalía al costo de un cuarto del valor total de la adquisición de la propiedad. A otro nivel, la ley mantuvo elevados los precios de alquiler de los campos incluidos entre las categorías primera, segunda, tercera, y cuarta.
La operación desató una carrera por la acumulación de tierras que disparó la especulación inmobiliaria. La ventaja comparativa de los precios de las propiedades en territorio paraguayo sobre la vecina Corrientes impulsó a inversores de la Argentina a adquirir terrenos de grandes dimensiones. Políticos paraguayos, funcionarios del gobierno, militares, y capitalistas locales se aprovecharon de las ventajas otorgadas para amasar terrenos con el objeto de la rápida reventa en el activo mercado generado por inversores extranjeros. Los precios de las propiedades se triplicaron en menos de un año.
Al cabo de tres años, las arcas del estado recaudaron 5.529.642 pesos. La venta de tierras públicas registraba su pico bajo las gestiones de Caballero y Escobar. El Chaco se había vendido al mejor postor a un promedio de 128 pesos la legua cuadrada. En poco tiempo las ventas alcanzarían las 7.035 leguas cuadradas. Poco menos que la mitad, tres mil y tantas leguas cuadradas, se habían ido a parar al voluminoso activo del empresario español-argentino CARLOS CASADO. Al estado le quedaron 1.101 leguas cuadradas. Del lado oriental, donde estaban las mejores tierras del país, la situación era todavía más extrema. 8.904 leguas cuadradas de pasturas, terrenos de cultivo, bosques, y yerbales fueron repartidos entre once compradores, a un promedio de 542.700 hectáreas cuadradas por cabeza. DOMINGO BARTHE, un empresario llegado de Francia en 1871, en poco tiempo se amasó poco más de 500.000 hectáreas cuadradas de bosques y yerbales en el Alto Paraná. Un cálculo estimativo puso en 304 el número de leguas cuadradas de propiedad pública conservada hacia el año 1900. Las restantes 15.965 leguas cuadradas simplemente habían desaparecido en las manos de los ávidos compradores.
Algo que el gobierno de la época pudo alegar fue que con los ingresos generados por la venta de tierras se cumplió con el objetivo original. A través de los recursos generados, el estado canceló la deuda de los empréstitos de 1871 y 1872. JOSÉ SEGUNDO DECOUD llegó a un acuerdo con el financista inglés EDWARD P BOUVERIE, representante del grupo de acreedores del estado. El arreglo, firmado el 4 de diciembre de 1885, estableció el pago de la deuda de 1.500.000 libras esterlinas a cambio de 500 leguas cuadradas de tierras públicas a un precio de 3000 libras cada una. Además por el mismo acuerdo el gobierno debía entregar el ferrocarril de Paraguarí al grupo acreedor. Como consecuencia de este arreglo se creó luego la ANGLO-PARAGUAY LAND COMPANY a los efectos de administrar las tierras adquiridas en concepto de cancelación de deuda del estado paraguayo. De la entrega de estas 500 leguas cuadradas, recién materializada en 1895, surgiría otro gigantesco conglomerado empresarial que jugaría un papel de importancia en el futuro del país. También LA INDUSTRIAL PARAGUAYA, un grupo de mayor porte inclusive, amasó el grueso de sus futuros yerbales como consecuencia de la venta de tierras públicas habilitada por las leyes del gobierno de Caballero en 1885.
La venta de tierras públicas de 1885 es un mojón significativo en la historia del Paraguay constitucional. El proyecto fue planteado con conocimiento de las consecuencias creadas por arreglos legales similares ejecutados previamente a menor escala. La lectura de las sucesivas leyes de 1883 y 1885 es inclusive más esclarecedora cuando se piensa que todo lo que funcionó bien para los grandes terratenientes y mal para los pequeños y medianos productores fue potenciado con las últimas ventas de tierras públicas. Inclusive, a pesar de lo exitoso que fue el primer programa de venta de tierras públicas de 1883, cuando las tierras se vendieron a pesar de los precios elevados, las leyes de 1885 mejoraron las condiciones de pago y bajaron los precios solicitados por las tierras. Los pagos iniciales requeridos, el principal obstáculo para los pequeños y medianos propietarios, fueron mejorados pero sólo estuvieron al alcance de aquellos que ya tuvieran posesión de capital. Las preferencias establecidas para los arrendatarios y las extensiones de los plazos no hicieron mucho frente a una masa compradora que se presentó con capital en mano.
Otro tanto puede decirse de los tamaños establecidos para la venta de tierras públicas, que claramente favorecieron el poder adquisitivo del gran comprador en desmedro de los agricultores paraguayos. El tipo de inversión alentado por las nuevas reglas impulsó la producción extensiva ganadera y favoreció la explotación de los bosques de yerba mate. Curiosamente, el argumento esgrimido por los sectores del gobierno al justificar la venta de los yerbales fue la mala calidad de la yerba producida localmente. No hubo un argumento similar utilizado para justificar la venta de tierras públicas en posesión de agricultores paraguayos. En el caso de los campesinos, la lógica esgrimida subterráneamente se basaba en la necesidad de la mano de obra foránea. O para decirlo mejor, europea. La contraparte de esto es el plan de colonización intensiva de los campos de cultivo nacionales, de los cuales esperaban rentabilizar los especuladores locales y extranjeros.
Las consecuencias de la venta de las tierras públicas probablemente no fueron imaginadas por sus gestores, demasiado involucrados en las dinámicas de un país devastado por la guerra y siempre ganado por la urgencia. El resultado sin embargo fue la internacionalización del campo paraguayo y más fundamentalmente, el control de la economía nacional por actores de origen foráneo. El relegamiento de los campesinos paraguayos, cuyas posibilidades con esto simplemente se redujeron a la disposición de mano de obra para los nuevos propietarios en un régimen de cuasi-vasallaje, también puede explicarse a partir de la ideología prevalente en el escenario del Paraguay de la postguerra.
En el imaginario liberal, tres cosas no funcionaban en el Paraguay de la pre-guerra. Por un lado, el autoritarismo político era un problema. Aunque este primer problema no estaba solucionado del todo, la creencia liberal aplicada al caso paraguayo privilegió lo económico y confió en que los cambios producidos en el régimen económico eventualmente alcanzarían la dimensión política. El segundo problema del Paraguay de la postguerra en la interpretación de la inteligencia paraguaya de fines del siglo diecinueve era la intervención del estado en la economía. El estado no era un buen administrador, ergo, no debería tomar parte en asuntos que simplemente no le funcionaban. La venta de tierras públicas respondió a este problema y le dio un corte definitivo. El estado ahora estaba fuera de la economía. Finalmente, el ideario liberal de la época también confiaba ciegamente en el valor del hombre europeo. Europa era el modelo y la mejor manera de seguir su camino era trayendo europeos que pudiesen trabajar el Paraguay. Con su presencia, ellos harían del Paraguay y de los paraguayos un mejor lugar y unos mejores ciudadanos. De ahí se colige el interés en traer campesinos europeos a través de los agresivos planes de colonización que acompañaban las ventas de tierras públicas. En este último sentido, la venta de tierras públicas solucionó otro problema. El campesino paraguayo no tendría más oportunidad de detener el progreso del campo. Ahora el país podría ser poblado por europeos que puedan poner en marcha el progreso largamente deseado.
El origen del problema del crédito internacional del Paraguay puede rastrearse claramente a los empréstitos de 1871 y 1872. Si bien es cierto que probablemente existían otras alternativas para salir del impasse financiero, la imaginación del GOBIERNO DE CABALLERO, que venía principalmente de JOSÉ SEGUNDO DECOUD, no tuvo la creatividad necesaria para plantear otra salida. Para el gobierno de Caballero, la solución fue la venta masiva de tierras públicas y de los yerbales del país. Con los recursos producidos por esta acción, el gobierno pensaba cancelar la deuda pública, local e internacional, y obtener rubros para lanzar un plan de desarrollo sostenido.
La situación de las tierras del Paraguay había quedado en la oscuridad legal después de la Guerra del 70. La desorganización reinante en el régimen de tenencia de tierras fue un problema heredado por el gobierno de Caballero. La falta de documentación imposibilitaba la determinación clara de la propiedad de la tierra, que además pertenecía en su gran mayoría al estado. Aunque al principio esto no sería un problema mayor, dada la escasez poblacional resultante de la guerra, con el tiempo la situación se tornaría más compleja. La constitución de 1870 había consagrado la propiedad privada. Con esto, la falta de títulos presentaba un problema para afirmar los derechos consagrados por la constitución.
Los gobiernos de la postguerra hicieron sucesivos intentos por regularizar la situación legal en 1871 y 1872. Aunque una ley de 1872 habilitó a los ocupantes sin tierras a adquirir títulos sobre terrenos municipales en los cuales estuvieran trabajando, buena parte de las propiedades fueron a parar a manos de gente con vínculos políticos que nunca había trabajado la tierra. Otra ley de 1873 estableció un sistema de concesión de Títulos Supletorios a aquellos que, carecientes de títulos probatorios, pudieran demostrar la propiedad de tierras no reclamadas a través de testigos. La situación con esto empeoró puesto que se generó una ola de reclamos sobre propiedades basadas en la mera presentación de testigos cuyos testimonios en muchos casos eran contradictorios y no probaban derechos de propiedad de manera irrefutable.
En 1875 se creó la OFICINA DE TIERRAS PÚBLICAS con el objeto de ordenar el mercado inmobiliario. Poco después, el gobierno de JUAN BAUTISTA GILL subastó tierras públicas inaugurando la era de las ventas masivas de tierras del estado. Aunque el experimento se limitó a vender tierras públicas hasta recaudar seis millones de pesos, las consecuencias fueron las mismas que se repetirían bajo el plan de venta de tierras públicas de Caballero: masivo despojamiento de tierras a los campesinos y su consecuente expulsión del campo. La forma de pago establecía la posibilidad de abonar en oro o plata, o bonos del estado. La corrupción rampante produjo la masiva generación de bonos del estado, en algunos casos inclusive espurios, con lo cual los amigos del gobierno se apropiaron de buena parte de las tierras subastadas. El experimento de Gill había puesto en práctica otro mecanismo que iría a repetirse con Caballero.
La ley de subasta de tierras públicas de 1875 habilitaba a los ocupantes ilegales a comprar las propiedades que estaban explotando a pesar de que éstos estaban claramente imposibilitados de acceder a los fondos necesarios para pagar por ellas. La ley otorgaba una posibilidad legal al campesino aunque la misma estaba fuera del terreno de lo materialmente posible. Otra acción destinada a regularizar la situación legal de las tierras fue dada a consecuencia de la implementación del CÓDIGO CIVIL ARGENTINO EN 1877. Una de las regulaciones establecía que los campesinos ocupantes de tierras no reclamadas por un período de diez a treinta años podían establecer propiedad en base al uso. La ley terminó beneficiando a los grandes propietarios que aprovecharon el mecanismo legal para expandir sus propiedades sobre tierras no ocupadas. Al nivel de los micro-propietarios, la situación aumentó la conflictividad al detonar una ola de procesos judiciales entre pequeños propietarios que luchaban por probar sus derechos adquiridos sobre terrenos en disputa.
Fue con conocimiento de estos antecedentes que procedió el GOBIERNO DE CABALLERO al establecer su política de venta masiva de tierras públicas. La ley del 2 de octubre de 1883 puso un tope de ciento cincuenta mil pesos fuertes a la venta de tierras públicas. Los arrendatarios u ocupantes, tal como en el caso explicado previamente, tenían la primera opción de compra. Las tierras subastadas fueron clasificadas en tres tipos: primera, segunda, y tercera clase. La categorización de la tierra determinaba también tres precios diferentes: mil quinientos pesos la legua cuadrada para la primera, mil para la segunda, y ochocientos para la tercera. Las categorías se basaban en la densidad poblacional y en la existencia de praderas dentro de las tierras. Así, lugares como Luque, Villeta, o Guarambaré entre otros pertenecían a la primera clase; San Pedro del Paraná, San Juan Nepomuceno, o San Ignacio a la segunda; y todos los lugares no incluidos en las dos primeras clases, fundamentalmente correspondientes a la región occidental, a la tercera.
La primera clase incluía tierras con posibilidades de explotación agrícola o ganadera, mientras que las tierras de la segunda clase podían incluir también los yerbales del país. Además se establecían nuevos precios para el arrendamiento de tierras y se reglamentaba el proceso completo de adquisición y transferencia de las mismas. El corto plazo acordado para el pago por la adquisición de los terrenos y la drástica suba de los precios de arrendamiento, con incrementos de hasta el 500%, redujo considerablemente las chances del campesino paraguayo o paraguaya de obtener tierras. En su mayoría, las tierras terminaron adquiridas por sectores de la clase alta paraguaya, con participación igualmente importante de inversores con capital extranjero.
Los resultados no se hicieron esperar. Como escribió CARLOS PASTORE, con esto el latifundio se hizo presente en el país de la mano del capital internacional. En un plazo de tiempo relativamente breve, el capital extranjero fue absorbiendo los terrenos en manos de los terratenientes locales. Los productores de ganado extensivo se apropiaron de los terrenos de los ganaderos de mediano y pequeño porte. Los agricultores comenzaron el lento deambular hacia nuevos terrenos no explotados o todavía no adquiridos por los capitalistas locales y extranjeros.
Una nueva LEY DE JULIO DE 1884 anunciaba la segunda etapa del plan de venta de tierras públicas. Esta vez se hablaba ya de una campaña masiva de venta de tierras públicas sin paralelo en la historia del país. El descontento se expandió ante la brevedad de los plazos para adquirir las propiedades y el gobierno decretó una extensión de los mismos de manera a tranquilizar a amplios sectores del campesinado. La medida tomada el 31 de enero de 1885 sirvió para detener posibles alzamientos populares. El gobierno se aprovechó de la situación de aparente tranquilidad para redactar otro par de leyes relativas a la venta de tierras públicas. La primera, parcial y de menor magnitud, vio la luz el 28 de mayo de 1885. Por la misma los principales yerbales del país fueron subastados. Los precios establecidos fueron de 1,5 pesos, 1,25 pesos, y 1 peso por cuadra, para tres diferentes categorías establecidas en función a su distancia de las principales vías fluviales del país. Los precios por leguas variaron de un mínimo de 2500 pesos en la categoría tres a un máximo de 3750 para los de la categoría uno. Otra LEY DEL 16 DE JULIO DE 1885 puso literalmente el país al mejor postor.
La enajenación de las tierras públicas ahora contemplaba la totalidad de los terrenos del estado. En este caso, la categorización de tierras las dividía en cinco tipos agrupados en función a ubicación, densidad poblacional, y contenido de praderas. La clasificación de los grupos uno y dos seguía la categorización de la ley de 1883. En la primera estaban las mejores tierras y en la segunda estaban los terrenos cercanos a los bosques. Las tres últimas clasificaciones reformulaban la tercera clase de la ley de 1883, ahora comprendiendo la vastedad del territorio chaqueño. Ahora, la clase tres incluía a los terrenos del Chaco hasta Concepción, la clase cuatro a los terrenos del Chaco desde Concepción hasta la frontera norte, todavía no trazada con Bolivia, y la clase cinco incluía todos los terrenos del Chaco que estuviesen fuera de las clases tres y cuatro. Los precios establecidos en esta ley variaron con respecto a la ley anterior. Los campos del grupo uno costaban mil doscientos pesos la legua cuadrada; los del grupo dos ochocientos; los del grupo tres trescientos; los del cuatro doscientos; y finalmente, los del grupo cinco, cien pesos la legua cuadrada. Además, la forma de pago quedaba fijada en cuatro cuotas, la primera sería pagada en la entrega del terreno, y las tres restantes en cuotas anuales, a un interés del 6%. El endeudamiento por el saldo sería garantizado con un pagaré hipotecario.
Los precios del Chaco podían ser bajados hasta el 50% de su valor original si el comprador podía garantizar la inclusión de familias de colonos europeos en la explotación de sus terrenos. Igual que la ley de 1883, esta ley prohibía la venta de propiedades pequeñas de tamaño y condición ideales para explotaciones campesinas nacionales. Si la ley previa prohibió la venta de propiedades de menos de una legua cuadrada de extensión, la nueva ley bajó el mínimo a media legua cuadrada. Además la nueva ley encareció el costo de arrendamiento de las llamadas tierras de labor, una categoría independiente, al punto que al-quilar por un año equivalía al costo de un cuarto del valor total de la adquisición de la propiedad. A otro nivel, la ley mantuvo elevados los precios de alquiler de los campos incluidos entre las categorías primera, segunda, tercera, y cuarta.
La operación desató una carrera por la acumulación de tierras que disparó la especulación inmobiliaria. La ventaja comparativa de los precios de las propiedades en territorio paraguayo sobre la vecina Corrientes impulsó a inversores de la Argentina a adquirir terrenos de grandes dimensiones. Políticos paraguayos, funcionarios del gobierno, militares, y capitalistas locales se aprovecharon de las ventajas otorgadas para amasar terrenos con el objeto de la rápida reventa en el activo mercado generado por inversores extranjeros. Los precios de las propiedades se triplicaron en menos de un año.
Al cabo de tres años, las arcas del estado recaudaron 5.529.642 pesos. La venta de tierras públicas registraba su pico bajo las gestiones de Caballero y Escobar. El Chaco se había vendido al mejor postor a un promedio de 128 pesos la legua cuadrada. En poco tiempo las ventas alcanzarían las 7.035 leguas cuadradas. Poco menos que la mitad, tres mil y tantas leguas cuadradas, se habían ido a parar al voluminoso activo del empresario español-argentino CARLOS CASADO. Al estado le quedaron 1.101 leguas cuadradas. Del lado oriental, donde estaban las mejores tierras del país, la situación era todavía más extrema. 8.904 leguas cuadradas de pasturas, terrenos de cultivo, bosques, y yerbales fueron repartidos entre once compradores, a un promedio de 542.700 hectáreas cuadradas por cabeza. DOMINGO BARTHE, un empresario llegado de Francia en 1871, en poco tiempo se amasó poco más de 500.000 hectáreas cuadradas de bosques y yerbales en el Alto Paraná. Un cálculo estimativo puso en 304 el número de leguas cuadradas de propiedad pública conservada hacia el año 1900. Las restantes 15.965 leguas cuadradas simplemente habían desaparecido en las manos de los ávidos compradores.
Algo que el gobierno de la época pudo alegar fue que con los ingresos generados por la venta de tierras se cumplió con el objetivo original. A través de los recursos generados, el estado canceló la deuda de los empréstitos de 1871 y 1872. JOSÉ SEGUNDO DECOUD llegó a un acuerdo con el financista inglés EDWARD P BOUVERIE, representante del grupo de acreedores del estado. El arreglo, firmado el 4 de diciembre de 1885, estableció el pago de la deuda de 1.500.000 libras esterlinas a cambio de 500 leguas cuadradas de tierras públicas a un precio de 3000 libras cada una. Además por el mismo acuerdo el gobierno debía entregar el ferrocarril de Paraguarí al grupo acreedor. Como consecuencia de este arreglo se creó luego la ANGLO-PARAGUAY LAND COMPANY a los efectos de administrar las tierras adquiridas en concepto de cancelación de deuda del estado paraguayo. De la entrega de estas 500 leguas cuadradas, recién materializada en 1895, surgiría otro gigantesco conglomerado empresarial que jugaría un papel de importancia en el futuro del país. También LA INDUSTRIAL PARAGUAYA, un grupo de mayor porte inclusive, amasó el grueso de sus futuros yerbales como consecuencia de la venta de tierras públicas habilitada por las leyes del gobierno de Caballero en 1885.
La venta de tierras públicas de 1885 es un mojón significativo en la historia del Paraguay constitucional. El proyecto fue planteado con conocimiento de las consecuencias creadas por arreglos legales similares ejecutados previamente a menor escala. La lectura de las sucesivas leyes de 1883 y 1885 es inclusive más esclarecedora cuando se piensa que todo lo que funcionó bien para los grandes terratenientes y mal para los pequeños y medianos productores fue potenciado con las últimas ventas de tierras públicas. Inclusive, a pesar de lo exitoso que fue el primer programa de venta de tierras públicas de 1883, cuando las tierras se vendieron a pesar de los precios elevados, las leyes de 1885 mejoraron las condiciones de pago y bajaron los precios solicitados por las tierras. Los pagos iniciales requeridos, el principal obstáculo para los pequeños y medianos propietarios, fueron mejorados pero sólo estuvieron al alcance de aquellos que ya tuvieran posesión de capital. Las preferencias establecidas para los arrendatarios y las extensiones de los plazos no hicieron mucho frente a una masa compradora que se presentó con capital en mano.
Otro tanto puede decirse de los tamaños establecidos para la venta de tierras públicas, que claramente favorecieron el poder adquisitivo del gran comprador en desmedro de los agricultores paraguayos. El tipo de inversión alentado por las nuevas reglas impulsó la producción extensiva ganadera y favoreció la explotación de los bosques de yerba mate. Curiosamente, el argumento esgrimido por los sectores del gobierno al justificar la venta de los yerbales fue la mala calidad de la yerba producida localmente. No hubo un argumento similar utilizado para justificar la venta de tierras públicas en posesión de agricultores paraguayos. En el caso de los campesinos, la lógica esgrimida subterráneamente se basaba en la necesidad de la mano de obra foránea. O para decirlo mejor, europea. La contraparte de esto es el plan de colonización intensiva de los campos de cultivo nacionales, de los cuales esperaban rentabilizar los especuladores locales y extranjeros.
Las consecuencias de la venta de las tierras públicas probablemente no fueron imaginadas por sus gestores, demasiado involucrados en las dinámicas de un país devastado por la guerra y siempre ganado por la urgencia. El resultado sin embargo fue la internacionalización del campo paraguayo y más fundamentalmente, el control de la economía nacional por actores de origen foráneo. El relegamiento de los campesinos paraguayos, cuyas posibilidades con esto simplemente se redujeron a la disposición de mano de obra para los nuevos propietarios en un régimen de cuasi-vasallaje, también puede explicarse a partir de la ideología prevalente en el escenario del Paraguay de la postguerra.
En el imaginario liberal, tres cosas no funcionaban en el Paraguay de la pre-guerra. Por un lado, el autoritarismo político era un problema. Aunque este primer problema no estaba solucionado del todo, la creencia liberal aplicada al caso paraguayo privilegió lo económico y confió en que los cambios producidos en el régimen económico eventualmente alcanzarían la dimensión política. El segundo problema del Paraguay de la postguerra en la interpretación de la inteligencia paraguaya de fines del siglo diecinueve era la intervención del estado en la economía. El estado no era un buen administrador, ergo, no debería tomar parte en asuntos que simplemente no le funcionaban. La venta de tierras públicas respondió a este problema y le dio un corte definitivo. El estado ahora estaba fuera de la economía. Finalmente, el ideario liberal de la época también confiaba ciegamente en el valor del hombre europeo. Europa era el modelo y la mejor manera de seguir su camino era trayendo europeos que pudiesen trabajar el Paraguay. Con su presencia, ellos harían del Paraguay y de los paraguayos un mejor lugar y unos mejores ciudadanos. De ahí se colige el interés en traer campesinos europeos a través de los agresivos planes de colonización que acompañaban las ventas de tierras públicas. En este último sentido, la venta de tierras públicas solucionó otro problema. El campesino paraguayo no tendría más oportunidad de detener el progreso del campo. Ahora el país podría ser poblado por europeos que puedan poner en marcha el progreso largamente deseado.
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Fuente: EL PARAGUAY DE LA POST GUERRA (1879-1900) Autor: CARLOS GÓMEZ FLORENTÍN. COLECCIÓN LA GRAN HISTORIA DEL PARAGUAY, 8 © Editorial El Lector, Asunción-Paraguay 2010.
Habría que simplificar la cuestión, todo el plan de venta de tierras públicas fue un robo descomunal al Estado Paraguayo de la mano de la ideología liberal (cuando no!). Si hubiese funcionado aquel sistema no hubieramos tenido tanta pobreza actual en el Paraguay (ver datos de DGEC). La postura que debe asumirse es que desde la Constitución del Setenta se gestó la expoliación del territorio paraguayo, con la consabida disposición de la inviolabilidad de la propiedad robada (digo privada), para la supuesta defensa de las "inversiones de capital", infame eufemismo!. Con la subasta, los paraguayos del campo quedaron rodeados y encerrados en latifundios de extranjeros para luego ser expulsados como parias desde 1900, a naciones vecinas, a pesar de la poca población existente en aquel momento. Si se piensa que no existían otras alternativas a aquella venta vergonzosa de tierras públicas, no se tiene más que un grano de cerebro, dado que las posibilidades de levantar la nación desde un gobierno administrador (honesto) de la cosa pública, tal vez hubieramos vivido un progreso inimaginable como ocurrió en la época de Carlos A. López a la muerte del Dr. Francia. La visión de aquel patriota fue justamente el origen de la triple alianza y la devastación del Paraguay para apoderarse de sus bienes por piratas del capitalismo inglés y su expansión en territorio americano de la mano del Brasil y la Argentina...Un patriota.
ResponderEliminarcierto leo que simplifique mas su porqueria..
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